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Ramón Jesurún, presidente de la FCF, que está investigada por reventa de boletería
Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló sobre la final de la Copa América 2020.
Foto: Colprensa

¿La Dimayor iba a ser 'chuzada'?

La noticia se conoce en el marco de las investigaciones por interceptaciones ilegales.

En el marco de este escándalo de interceptaciones ilegales, LA FM conoció que la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) también fue blanco de algunas personas que querían interceptarla. El objetivo era conocer cómo el organismo manejaba diferentes clases de contratos, especialmente aquellos relacionados con equipos de fútbol.  

Según conoció LA FM, cuando le llegó la orden a los miembros de esta empresa criminal, por parte de una persona que es investigada por la Fiscalía, éstos se asustaron al ver que el blanco era la Dimayor y detuvieron el proceso. Lo mismo se llegó a decir con la presunta intención de interceptar a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Que cuando se supo que el blanco era el mismísimo fiscal, las personas a cargo de esta empresa de interceptaciones ilegales no accedió por miedo. 

Cabe recordar que 4 de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunciaba la captura de tres oficiales retirados del Ejército y un particular, señalados, presuntamente, de obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.

Las investigaciones del ente acusador establecieron que para el efecto, la fachada utilizada sería dos empresas en Cali; mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.

El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.

Fuente
LA FM
En esta nota
Imagen
Dimayor

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